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El Tribunal Supremo dicta por primera vez sentencia condenatoria por responsabilidad penal de una persona jurídica

 

La sentencia número 154/2016 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2016 es de aquellas que marcan un antes y un después. Por vez primera desde la reforma del Código Penal de 2010y la modificación del artículo 31 bis se ha condenado por responsabilidad penal a una persona jurídica, es decir a una empresa.

Mediante la lectura atenta del fallo se pueden vislumbrar las bases que se establecen para tratar de impedir que una sociedad sea condenada, y que puede hasta comportar la disolución de la empresa afectada. Para condenarla se deben cumplir algunos requisitos como por ejemplo que la persona física que comete el delito sea integrante de la persona jurídica en cuestión y que ésta incumpla el deber de supervisión y control.

De este modo se condena a la empresa por no poner los medios adecuados para impedir el delito, promoviendo así la cultura del compliance y el establecimiento de medidas de control y vigilancia del comportamiento de los directivos mediante un plan de riesgos razonable y adaptado a cada caso particular. Si todos estos aspectos se cumplen probablemente la empresa saldrá exonerada de su responsabilidad penal.

Si nos remitimos al caso concreto, que ha motivado la decisión del alto tribunal, nos encontramos con esta sentencia firme que viene a confirmar la anteriormente dictada por la Audiencia Nacional.El asunto en cuestiónversaba sobre el tráfico de 6.000 kilos cocaína realizado por tres sociedades mediante el camuflaje de la droga en un cargamento de maquinaria pesada entre Venezuela y España. Cada una de las empresas ha sido condenada al pago de una multa de 775 millones de euros pero no se ha decretado su disolución al representar ésta una mediada demasiado gravosa por el importante número de puestos de trabajo que alguna de estas sociedades genera.

 

Sergi Llima

Abogado y economista de Martín & Asociados




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