Registro y solicitud del procedimiento concurso de Acreedores para empresas

Solicitud concurso de acreedores para empresas

 

La pandemia del Covid-19 ha provocado un deterioro de la solvencia de las empresas, debido a los cierres y la caída en picado de ventas e ingresos. En un contexto como el actual, el concurso de acreedores surge como un instrumento que puede dar aire a la empresa y garantizar su actividad. Analizamos con detalle en qué consiste este mecanismo regulado por la Ley concursal.

 

Hasta el estallido de la pandemia del Covid-19, el concurso de acreedores era un instrumento jurídico regulado por la Ley 22/2003. Sin embargo, en el ejercicio 2020 se produjo una auténtica convulsión en su regulación debido, por un lado, a la normativa excepcional generada tras la declaración del estado de alarma y, por el otro, a la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2020 del 5 de mayo por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Concursal.

Esta convulsión regulatoria en un contexto de recesión económica, caracterizado por la paralización de la actividad empresarial, la caída en picado de las ventas y los ingresos y, por tanto, de balances negativos e índices de insolvencia disparados en muchas sociedades, resulta paradigmática para entender la utilidad del concurso de acreedores.

 

¿Cuándo se puede solicitar un concurso de acreedores?

Cuando una empresa no puede atender el pago de sus obligaciones exigibles, tiene problemas de liquidez y, como consecuencia de alguno de estos dos escenarios,  se plantea la opción de proceder al cierre de su actividad es pertinente valorar la opción de solicitar los servicios de abogados especializados en concurso de acreedores.

Así, el concurso de acreedores es un mecanismo legal que entra en juego cuando una empresa se halla en una situación de insolvencia o falta de liquidez que le impide hacer frente regularmente con sus obligaciones y pagos. O cuando estime una situación de insolvencia inminente.

Sea como fuere, es importante tener presente que la presentación del concurso de acreedores por parte del deudor debe producirse en los dos meses posteriores a conocer esa situación o preverla de forma inmediata. De lo contrario, si un juez puede determinar que pese a ser conocedor de la situación, un acreedor no inició la vía concursal, podría presuponerle mala fe y declararlo culpable. La consecuencia de este dictamen podría ser la del empresario para administrar bienes de las personas afectadas, o la obligación de restituir a la masa activa los bienes y de indemnizar por los perjuicios causados, entre otros.

 

Objetivos del registro concurso de acreedores para empresa

Fundamentalmente, la presentación del concurso de acreedores por parte de una compañía sirve para paralizar las deudas, embargos y ejecuciones. A partir de aquí surgen dos escenarios bien distintos:

  • Asegurar la continuidad de la actividad. La misión del concurso de acreedores es permitir a una empresa resolver sus problemas de insolvencia, derivados de falta de liquidez, exceso de endeudamiento o minusvaloración de los activos. En estos casos, la compañía puede pactar una quita o un aplazamiento de su deuda, además de alcanzar un acuerdo con sus proveedores.
  • Proceder al cierre de la compañía. Con este horizonte, el concurso de acreedores permitirá una liquidación ordenada del activo de la sociedad, pagar a los acreedores y evitar que los administradores de la empresa sean declarados culpables y, por tanto, responsables de las deudas con su patrimonio privado.

Desgraciadamente, el 90% de los concursos de acreedores en España en 2019 se saldaron con la liquidación de la empresa que lo presentó. Sin embargo, el objetivo primordial de los concursos de acreedores es insuflar aire a las compañías, oxigenar los pagos y dotarlas de liquidez para que puedan mantener su actividad. De esta forma se evita la destrucción de puestos de trabajo y se posibilita la recuperación económica del deudor.

 

Registro concurso acreedores

 

5 ventajas de aplicar la solicitud para el concurso de acreedores

Entre las ventajas de la presentación del concurso de acreedores encontramos:

  1. Protección del patrimonio de la compañía. La principal ventaja de este mecanismo jurídico es que desde su declaración, el patrimonio de la sociedad queda protegido frente a acciones instadas por terceros.
  2. Conservación de la facultad de administración. Una vez que la empresa entra en concurso de acreedores, el empresario mantiene las facultades de administración y disposición de su patrimonio, si bien deberá contar con el beneplácito del administrador concursal.
  3. Suspensión del devengo de deudas e intereses. Desde que se declara el concurso de acreedores y hasta que finaliza el proceso, se paralizan tanto las deudas nacidas con anterioridad a la declaración del concurso como los intereses de dichas deudas.
  4. Oxígeno de la tesorería. El plan de pagos presentado en el concurso de acreedores permite a la empresa obtener una refinanciación gratuita (sin intereses) de la deuda total y le da un margen de diez años para hacerles frente (salvo que tengan un vencimiento posterior).
  5. Salvación del patrimonio personal del administrador. Los administradores de la sociedad no están obligados a asumir con su patrimonio personal las deudas que arrastre la empresa.

 

Plazos del procedimiento concurso de acreedores

Atendiendo a la ley concursal, la solicitud y tramitación de un concurso de acreedores tiene tres fases principales:

  1. Fase común. La solicitud de declaración del concurso por parte del deudor exige la entrada en juego de un juez, quien además de estudiar la solicitud para aceptarla o desestimarla, puede tomar medidas cautelares. En esta primera fase el objetivo fundamental es determinar la masa activa y pasiva de la compañía y clasificar los créditos o deudas.
  2. Fase de convenio. El objetivo de esta fase es resolver la insolvencia que ha motivado la declaración del procedimiento. Se trata, por tanto, de que deudor y acreedores alcancen un acuerdo a propuesta de cualquiera de las partes. Una vez presentadas todas las propuestas y siempre y cuando estas se fundamenten en la continuidad de la actividad empresarial, se procede a una votación y se aprueba aquella que logra la mayoría suficiente.
  3. Fase de liquidación. Se puede abrir esta fase en dos supuestos:
    1. Si en la anterior no se ha alcanzado un acuerdo entre deudor concursado y acreedores o no se han presentado propuestas
    2. En cualquier momento que lo solicite el deudor concursado

Alcanzada esta fase de liquidación, la empresa pierde todas sus facultades de administración y gestión, que pasan al administrador concursal. En ese momento el objetivo del proceso es vender todos los bienes del deudor para pagar con ellos a los acreedores el importe de sus créditos.


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